Según la ley orgánica 9/1985, del 5 de julio de reforma del artículo 417 bis del código penal:

1. - No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer embarazada, cuando concurra alguna de las circinstancias siguientes:

• Que sea necesario para evitar un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel bajo cuya dirección se practique el aborto. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestatnte, podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso.
• Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las primeras doce semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado.
• Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas del centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto.

2. -En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
24 de Noviembre de 1986 (Nº 281)

I. Disposiciones Generales

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Real Decreto 2409/1.986 de 21 de noviembre 1.986, ABORTO.
Centros sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para
la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo.

La sentencia del Tribunal Constitucional 53/1.985, de 11 de abril (R.T. Const. 53), exige la comprobación del supuesto de hecho en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, así como que el aborto se realice en centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto o mediante otra solución similar dentro del marco constitucional. Concretamente, la sentencia recuerda "el deber del Estado de garantizar que la realización del aborto se llevará a cabo dentro de los límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para la salvaguardia del derecho a la vida y a la salud de la mujer".

El artículo 417 bis del Código Penal (R. 1.985, 1715) declara expresamente no punible la práctica del aborto en los supuestos de "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada", "delito de violación" y "presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas"; determina las comprobaciones previas que han de constar, exige el consentimiento expreso de la mujer embarazada y la realización del aborto por el médico o bajo su dirección en centros o establecimientos públicos o privados acreditados.

El presente Real Decreto viene a precisar y facilitar el estricto cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios exigibles en los casos y circunstancia a que se refiera la citada Ley, así como la correspondiente adecuación de la estructura asistencial y sanitaria, habida cuenta de la experiencia acumulada desde la publicación de la Orden de 31 de julio de 1.985 (R. 1924), siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones profesionales de carácter internacional, y la entrada en vigor de la Ley 14/1986, de 25 de abril (/R. 1316), General de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en sus artículos 29.2, 40.7 y disposición final cuarta.

Como es lógico, los referidos requisitos o exigencias no son de aplicación en los supuestos de exención de responsabilidad, ni en la legítima atención o intervención médica o quirúrgica.

En su virtud, previo informe favorable del Ministerio de Justicia y a propuesta del Ministro de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 21 de noviembre de 1.986, dispongo:

I. De los centros acreditados para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo.

Art. 1º
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 417 bis del Código Penal podrán ser acreditados:
1. Para la realización de abortos que no impliquen alto riesgo para la mujer embarazada y no superen doce semanas de gestación, los centros o establecimientos sanitarios privados que cuenten al menos con los siguientes medios personales y materiales:
1.1 Un médico especialista en obstetricia y ginecología y personal de enfermería, auxiliar sanitario y asistente social.
1.2 Los locales, instalaciones y material sanitario adecuado.
1.2.1 El lugar donde esté ubicado reunirá las condiciones de habitabilidad e higiene requeridas para cualquier centro sanitario.
1.2.2 El centro o establecimiento sanitario dispondrá como mínimo de un espacio físico que incluya: * Un espacio de recepción * Un despacho para información y asesoramiento * Una sala adecuada para la realización de la práctica abortiva * Una sala para el descanso y recuperación tras la misma.
1.2.3 Se contará al menos con el siguiente utillaje básico, además del propio de una consulta de medicina de base: * Material necesario para realizar exploraciones ginecológicas * Material necesario para realizar la práctica abortiva * Material informativo y didáctico.
1.3 Las prestaciones correspondientes de análisis clínicos, anestesia y reanimación. También contarán con depósitos de plasma o expansores de plasma.
1.4 Un centro hospitalario de referencia para la derivación de aquellos casos que lo requieran.
2. Para la realización de abortos en embarazos con alto riesgo para la embarazada o con más de doce semanas de gestación, los centros o establecimientos sanitarios privados que cuenten al menos con los siguientes medios personales y materiales:
2.1 Las unidades de obstetricia y ginecología, laboratorio de análisis, anestesia y reanimación y banco o depósito de sangre correspondientes.
2.2 Las unidades o instalaciones de enfermería y hospitalización correspondientes.

Art. 2º
1 Los centros o establecimientos públicos que cumplan los requisitos contenidos en el artículo anterior quedarán acreditados automáticamente para la práctica del aborto. Las autoridades sanitarias publicarán periódicamente relaciones de los centros o establecimientos públicos acreditados para la práctica del aborto.
2 De conformidad con las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas, la autoridad sanitaria responsable acreditará cada uno de los centros o establecimientos sanitarios privados que, cumpliendo los requisitos determinados en el artículo 1º de esta disposición, lo hayan solicitado previamente.

Art. 3º
1 Todos los centros y servicios acreditados se someterán a la inspección y control de las Administraciones sanitarias competentes, en aplicación de los dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley General de Sanidad (citada).
2 La acreditación quedará condicionada al mantenimiento de los requisitos mínimos y al efectivo cumplimiento de las condiciones médicas adecuadas para la salvaguarda de la vida y salud de la mujer.

Art. 4º
1 Con independencia de las notificaciones que procedan conforme a la Orden de 16 de junio de 1.986 (R. 2173), en los centros o establecimientos públicos o privados acreditados se conservará la historia clínica y los dictámenes, informes y documentos que hayan sido precisos para la práctica legal del aborto, así como el relativo al consentimiento expreso de la mujer embarazada. En los casos de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 9/1.985 de 5 de julio (R: 1715)
2 Se mantendrá la confidencialidad de esta información conforme al artículo 10.3 de la Ley General de Sanidad.

Art. 5º
En el ámbito de cada Comunidad Autónoma, la autoridad sanitaria velará por la disponibilidad de los servicios necesarios incluyendo las técnicas diagnósticas urgentes para posibilitar la práctica del aborto en los plazos legalmente establecidos.

II. De la emisión de los dictámenes preceptivos.

Art. 6º
1 En el supuesto de que el aborto se practique para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, se consideran acreditados para emitir el dictamen los médicos de la especialidad correspondientes.
2 En el caso de que el aborto se practique por presumirse que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, el dictamen habrá de ser emitido por dos médicos especialistas de un centro o establecimiento sanitario público o privado acreditado al efecto. Esta acreditación por el órgano competente de las Comunidades Autónomas se entiende específica e independiente de la acreditación para la práctica del aborto. Esta acreditación específica se concederá a los centros públicos o privados que cuenten, según las pruebas diagnósticas complementarias que en cada caso se requieran, con los siguientes medios o métodos de diagnósticos:
2.1 Técnicas de ecografía o similares para el diagnóstico de las malformaciones fetales.
2.2 Técnicas bioquímicas apropiadas para el diagnóstico de enfermedades metabólicas.
2.3 Técnicas de citogenética para el diagnóstico de alteraciones cromosómicas.
2.4 Técnicas analíticas precisas para el diagnóstico de malformaciónes de origen infeccioso.
3 En todos los casos a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, el diagnóstico será de presunción de riesgo y estimado en criterios de probabilidad.

III. De la Información.

Art. 7º
Las Comunidades Autónomas, en aplicación del artículo 40.9 de la Ley General de Sanidad darán conocimiento a la Administración Sanitaria Central de los Centros Acreditativos conforme a los artículos 2º y 6º del presente Real Decreto.

Art. 8º
En el ámbito de cada Comunidad Autónoma, la autoridad sanitaria competente garantizará que en sus dependencias públicas y centros sanitarios esté disponible y actualizada una relación de centros o establecimientos públicos o privados acreditados para la práctica legal del aborto.

Art. 9º
Los profesionales sanitarios habrán de informar a las solicitantes sobre las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de la prosecución del embarazo o de la interrupción del mismo, de la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar que puedan ayudarle. Informarán asimismo de las exigencias o requisitos que, en su caso, son exigibles, así como la fecha y el centro o establecimiento en que puedan practicarse. La no realización de la práctica del aborto habrá de ser comunicada a la interesada con carácter inmediato al objeto de que pueda con el tiempo suficiente acudir a otro facultativo. En todo caso se garantizará a la interesada el secreto de la consulta.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 31 de julio 1.985 (R.1924) sobre la práctica del aborto en centros o establecimientos sanitarios y, en lo que se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto, la Orden de 16 de junio de 1.986 (R. 2173) sobre estadística e información epidemiológica de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas conforme a la Ley Orgánica 9/1.985 de 5 de julio (R. 1715)

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Se potenciará el funcionamiento de los medios de asistencia social, la orientación familiar y la colaboración con aquellos médicos especialistas que puedan verificar las orientaciones, informaciones y dictámenes precisos en cada caso.
Segunda: El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".